En la dinámica reformadora del sistema de seguridad social se ha superpuesto el principio de sostenibilidad financiera a los de la universalidad y la equidad, en un intento de fortalecer el aseguramiento social basado en el lucro. Para contribuir a la discusión nacional sobre el futuro del sistema de aseguramiento social, el Grupo de Protección Social aporta un estudio en el que se analizan los efectos que sobre la sociedad ha tenido la aplicación de la Ley 100 de 1993 y sus sucesivos ajustes. En especial analizamos el impacto de esta norma en: la profundización del modelo económico construido sobre la financiarización, la concentración del capital, el régimen político, la gobernabilidad, el campo jurídico y el sistema de creencias. Abordar esta forma de evaluación significó apartarse de los estudios tradicionales de impacto de las políticas públicas, en particular de aquellas que consideran que el papel fundamental de las instituciones es lograr la eficiencia del mercado, y más bien se adoptó un programa de investigación que concibe el sistema de protección social (aseguramiento y asistencia) como parte de la esfera política, en tanto constituye un sistema de mediación entre los órdenes económico, político y doméstico. Con el análisis de esos componentes se pueden explicar las intrincadas relaciones entre el desempeño de la economía, la formulación de las políticas sociales y su soporte jurídico, la representación política, la gobernabilidad, la fragmentación social y el grado de protección social que recibe la población.