El decreto reglamentario es un acto administrativo de carácter general. Al desbordar la ley tributaria crea o modifica la ley vigente, viola el principio de legalidad y la reserva de ley que rige en esta área del Derecho. Por lo tanto, infringe la Constitución en estos aspectos. La consecuencia es que por presunción de legalidad ese decreto violatorio de la Constitución se debe aplicar mientras no sea demandado ante la jurisdicción contencioso-administrativa su nulidad, y declarada por el juez competente. El presente trabajo se origina en este hecho. Preocupa a los investigadores la actitud del poder ejecutivo del Estado al expedir decretos reglamentarios que crean o modifican la ley ya existente con el objeto, en muchas ocasiones, de beneficiar a un grupo de contribuyentes. Desde la doctrina de la Corte Constitucional, ¿qué solución se da al evento en el cual el ejecutivo excede la potestad reglamentaria de la ley, en los casos en que hay reserva legal, como lo es el relacionado con los tributos? ¿Son estos decretos anulables o ineficaces? Interrogantes que orientan el texto, con el propósito de confirmar si la presunción de la validez de los actos administrativos, y la aplicación de estos, mientras no se haya demandado su nulidad, aplica de forma absoluta.