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Estos trabajos abordan el papel de los actores sociales y la forma en que las decisiones sobre las justificaciones, clases y medidas del castigo han sido y son tomadas en una democracia. Así, nace la pregunta -qué papel le ha correspondido y le debe corresponder a la población y cuál a los expertos o élites penales a la hora de pensar y definir las políticas y juicios en materia de castigo? Surgen descripciones e interrogantes sobre la relación entre la calidad democrática de ciertos países y el esfuerzo puesto en juzgar los crímenes cometidos por las dictaduras del pasado, pero también sobre las consecuencias que tiene para una democracia realizar u omitir estos juicios y castigos.