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La Sentencia C-646 de 2001 de la Corte Constitucional colombiana define la política criminal como "el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social, con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción".

Vemos en esa definición que las respuestas a conductas reprochables son diversas de acuerdo con la necesidad y en perspectiva de los derechos ciudadanos. Sin embargo, los actores de la política criminal han priorizado la respuesta punitiva como la máxima ratio para la "protección" de los intereses esenciales del Estado y de los ciudadanos.
El Centro de Investigación en Política Criminal, en sus investigaciones, ha tenido la preocupación constante acerca de la violencia existente en Colombia, no solo de la sociedad, sino también del Estado. La criminología ofrece caminos de reflexión con el fin de materializar el deber ser de una política criminal garantista y diseñar propuestas edificantes y restaurativas para los involucrados en el sistema penal.