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Si bien existen experiencias y políticas puntuales que emergieron desde los años 90 en algunas ciudades, ningún gobierno ha construido en forma sustentable y sistemática una política al respecto. Solo existen algunas medidas de prevención situacional y una agenda marcada por el populismo punitivo que asumen que la represión policial, a menudo en contradicción con los derechos humanos, es la mejor receta contra el crimen o por lo menos la que debería responder a la demanda prioritaria de una opinión pública que pide mayor seguridad en todos los países de la región desde 2005.