El bien jurídico «salud», cuya protección corresponde a los poderes públicos por mandato constitucional, ha obligado al legislador a diseñar un sistema específico de responsabilidad por productos de consumo con riesgo para la salud, entre ellos el medicamento. Desde la perspectiva del régimen de responsabilidad aplicable según los sujetos intervinientes, se distinguen dos grandes sectores: de un lado, la industria farmacéutica y los profesionales...