La conceptualización del medioambiente ha de entenderse como "el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos"2, y la razón por la cual debe establecerse una protección normativa no es solamente los múltiples beneficios obtenidos del entorno ecológico para el hombre, sino el valor esencial que éste tiene per se. Desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de Colombia de 1991, la protección del medioambiente constituye un fin y un principio dentro de la actual estructura del Estado Social de Derecho. Esta constitución ha sido denominada la "Constitución Ecológica o Verde", en virtud del conjunto de normas contenidas en la misma, que buscan la protección del derecho a un ambiente sano. Como eje transversal de la misma, el derecho a un ambiente sano compromete al Estado a la creación de una institucionalidad adecuada para su protección y al desarrollo de normas legales y políticas públicas que respondan a la aspiración de preservar la riqueza nacional. Por ello, el Estado entra a asumir el compromiso de respetar y garantizar el disfrute de un conjunto de derechos de tipo colectivo, en especial, a disfrutar de un medio ambiente sano, lo cual comporta, asegurar una explotación sostenible y racional de las riquezas