El conflicto fronterizo entre Nicaragua y Colombia ha sido ampliamente estudiado desde la perspectiva jurídica, sobre todo en lo que al desarrollo del litigio judicial internacional ante la CIJ se refiere. La mayor parte de la doctrina se ha centrado en el estudio de las estrategias procesales adoptadas por los Estados y de los fundamentos jurídicos sobre los cuales la CIJ ha tomado sus decisiones. Sin embargo, otras perspectivas de este conflicto se han dejado de lado, pues, más allá de cortos comentarios en medios de comunicación o en blogs, no se han realizado estudios referentes a las posibles incidencias económicas, sociales, ambientales, políticas e incluso culturales que podría tener esta disputa territorial y marítima. El presente texto busca determinar algunas de las consecuencias políticas que la disputa territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia ha tenido para este último Estado. Lo anterior a la luz del hecho de que el Estado colombiano fue el derrotado en la contienda judicial internacional. La importancia y la necesidad de realizar este estudio radica, principalmente, en dos razones. La primera, en el hecho de que el fallo de fondo de la CIJ del 19 de noviembre de 2012 condujo a que Colombia perdiera, como mínimo, 75.000 km2 de espacio territorial sobre el mar Caribe. La segunda, en que, a pesar de la existencia de una decisión judicial internacional, el conflicto fronterizo entre esos dos Estados continúa. Es decir, el conflicto no ha concluido porque Colombia se niega a dar aplicación al fallo de fondo de la CIJ y porque Nicaragua presentó dos nuevas demandas contra el Estado colombiano en el marco de esta controversia. Lo anterior significa que el conflicto fronterizo entre Nicaragua y Colombia no ha perdido su actualidad. Por el contrario, el fallo de fondo de la CIJ y las recientes demandas de Nicaragua le han dado ulterior visibilidad y vigencia.