A lo largo de la historia las personas en situación de discapacidad se han visto discriminadas en diversos escenarios de su vida cotidiana. Como lo ha sostenido la Corte Constitucional, "las ciudades se han construido bajo el paradigma del sujeto completamente habilitado. La educación, la recreación, el transporte, los lugares y los medios de trabajo, incluso el imaginario colectivo de felicidad, se fundan en la idea de una persona que se encuentra en pleno ejercicio de todas sus capacidades físicas y mentales." (Sentencia C-559 de 2001). En las últimas décadas ha evolucionado el concepto y tratamiento de la discapacidad, superándose la idea que atribula su origen a aspectos religiosos o científicos, ubicando por el contrario su causa en un entamo social inadecuadamente dispuesto. Se encuentra en el interior de esta concepción, que es la forma como está estructurada la sociedad la que provoca la discapacidad al dificultar o impedir la satisfacción de las necesidades e intereses propios de cada individuo y su participación en los diferentes ámbitos sociales; postulando, en consecuencia, que corresponde a la misma comunidad la realización de acciones positivas que propendan por la eliminación de las barreras que se configuraron en su diseño. Conforme a los anteriores postulados, propios de la teoría del modelo social de tratamiento de las personas en situación de discapacidad, con un análisis doctrinal, jurisprudencial y normativo, en el presente texto se evidencia la necesidad de garantizar la integración e inclusión de las personas en situación de discapacidad de manera plena y en igualdad de condiciones, y la vital importancia de la efectiva y plena satisfacción de los derechos a la movilidad y al transporte público para el cumplimiento de estos objetivos.