El activismo judicial es quizás uno de los temas más acuciantes en el estudio de los modernos fenómenos jurídicos. Los jueces han impuesto una verdadera revolución en su rol tradicional, con un sustancial impacto en los contenidos de las instituciones jurídicas que aplican, forzándolas hacia alcances insospechados que inciden necesariamente en el sustrato propio de las políticas públicas. Ese actuar judicial, en ocasiones, es un verdadero aporte al contenido y desarrollo de orden jurídico, y en especial a la vigencia de los derechos de incidencia colectiva. En algunos países, como Argentina, es la impronta jurisprudencialla que ha moldeado el actual contorno de numerosas materias jurídicas, en particular las que conforman el derecho ambiental, precipitando de manera inicial los conceptos que luego ha adoptado el derecho positivo a través de las leyes. La existencia de un derecho al ambiente y su impacto en la legitimación fue el primer logro activista de los jueces en ese país, al que le siguieron otros que moldearon la naturaleza colectiva de esa prerrogativa, como el alcance erga omnes de las sentencias, la modulación de principios procesales como el dispositivo (al que han sustituido mediante un proceso cuasiinquisitivo) o el de congruencia, la inversión de la carga probatoria en situaciones de incertidumbre, entre otros supuestos.