La creciente imposición de los intereses particulares sobre los generales en el país ha generado una falta de ética en el uso de lo público y lo oficial. Este hecho se evidencia cada día en la condena de gobernantes, funcionarios, empresarios e, incluso, jueces y ciudadanos de a pie empeñados en enriquecerse de manera ilícita lo más rápido posible. Estos afanes no suelen ser ajenos a los compadrazgos del clientelísmo, los sobornos del narcotráfico o las presiones de los armados que pasan por encima de las normas de un Estado débil y extienden la corrupción y soberbia a todos los niveles. De allí las fecuentes preguntas que la expresan en la vida cotidiana: ¿en ese negocio cómo voy yo?" o ¿usted no sabe quién soy yo?".  Frente a esta marea el poder judicial expide normas para garantizar la ética con lo público y oficial. Ellas les dan herramientas a los ciudadanos para que ejerzan control de los aportes de los contribuyentes y su buen uso. Ese es el propósito de este libro al reunir los avances legales elaborados para impedir que la corrupción extienda sus tentáculos.