Como puede verse, la norma constitucional se desenvuelve en dos planos: el de la esencia de la persona y el de los accidentes propios de la misma condición humana. En el primer plano, en cuanto -como decimos- todos los seres humanos somos iguales, puesto que todos, en nuestra esencia, tenemos de común la unión sustancial entre los elementos materiales y espirituales que nos conforman, y de ellos se infiere el reconocimiento de una dignidad equivalente para todos: todos somos iguales. En el segundo plano, es menester que se reconozca también la realidad, que muestra a los seres humanos con diferencias accidentales por los distintos conceptos que el precepto constitucional enuncia a título de ejemplo. Señalar, entonces, que todos los seres humanos somos iguales, no significa que todos debamos coincidir, porque sería imposible, en los factores accidentales, respecto de los cuales existe diversidad. El principio constitucional, que reconoce un derecho anterior inherente a todas las personas, radica en esencia en imponer, deducido de la dignidad humana, el precepto según el cual, habida cuenta de la igualdad en la esencia, las diferencias accidentales por cualquiera de los factores enunciados no pueden incidir, para discriminar, en el trato y protección que todos merecemos, y podemos reclamar del Estado, de las normas que integran el ordenamiento jurídico, y del comportamiento de las autoridades. Precisamente, en razón de esa prevalencia de la esencia humana, que proscribe la discriminación, son inconstitucionales las normas y decisiones que fundadas en diferencias accidentales, pretenden otorgar trato distinto a ciertos grupos o personas, ya para favorecerlas, o para negarles derechos u oportunidades.