La aceptación de responsabilidad penal dentro del proceso penal, también conocida como la conformidad, es una de las figuras procesales que más importancia y protagonismo ha venido adquiriendo en los últimos tiempos. No obstante que esta existe en el ordenamiento español desde hace más de 150 años, su potenciación como una forma de disposición de la pretensión penal comienza con la reforma hecha a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el año 1988 por medio de la Ley Orgánica 7, de 28 de diciembre. En el caso colombiano, ésta es una institución procesal que data de finales de la década de los años ochenta del siglo pasado. A pesar de su corta andadura, se ha convertido en el eje sobre el que se asienta la última reforma procesal penal llevada a cabo en dicho ordenamiento por medio de la Ley 906/2004.