La constitución colombiana de 1991, y en particular la interpretación valorista que de la misma introdujo la Corte Constitucional, produjo lenta pero inexorablemente un peligroso divorcio entre una corriente de los constitucionalistas y los juristas que operan el derecho privado. Para los primeros, la ley como producto del parlamento, representante de las mayorías explotadoras, debe ser dejada de lado, en favor de los valores, derechos y principi...