La Asamblea Nacional Constituyente consideró de suma importancia dotar a los particulares de un instrumento jurídico para obtener las indemnizaciones producto de la declaratoria de responsabilidad originada en los daños que pueden ser causados con la actividad estatal y, de igual manera, el correlativo derecho de acción con el cual el Estado recupere lo pagado cuando el daño sea imputable al servidor público o al particular que cumpla funciones públicas de manera transitoria o permanente, siempre y cuando la conducta de los mismos sea la consecuencia de un actuar doloso o gravemente culposo. La trascendencia, consecuencias y efectos prácticos de la temática, aunados a la decisión de la Corte Constitucional en relación con el artículo 17 y a la necesidad de hacer una interpretación adecuada al artículo 4 o de la Ley de Acción de Repetición, motivó a los autores a realizar un estudio, cuya finalidad es poner en consideración las apreciaciones de carácter académico que suscita el conocimiento de la ley, en sus aspectos sustantivos y procedimentales y destacar las implicaciones de carácter disciplinario en un contexto eminentemente práctico. En ese orden de ideas, como la conducta de los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones públicas ha de ser enmarcada dentro de las previsiones de la Ley 734 de 2002, es preciso integrar dicho ordenamiento con la Ley 678, a efectos de definir la responsabilidad patrimonial y disciplinaria de los destinatarios de ésta última. De esa manera, es preciso obtener una visión general de los contenidos de la Ley de Acción de Repetición, de su aplicación y del régimen disciplinario imponible a sus destinatarios a quienes dicha normativa exige el cumplimiento de ciertos deberes.