En este número se incluye la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Grupo de Investigación Luis Carlos Pérez en contra del artículo 12 de la Ley 890 de 2004, mediante el cual se adicionó un inciso al artículo 454 del Código Penal. Dicha norma estableció que a la misma pena señalada en dicho artículo 454 quedaría sujeto el asistente a audiencia ante el juez de garantías, el juez de conocimiento o la Corte Suprema de Justicia que se negara a cumplir deliberadamente las órdenes del juez o magistrado. Tal disposición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-897 de 2005, en la que se acogió la argumentación propuesta por el Grupo de Investigación, pues esa norma contrariaba el principio de legalidad y el principio de intervención mínima (derecho penal como última ratio). Esta sentencia también aparece insertada en esta edición. Tal disposición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-897 de 2005, en la que se acogió la argumentación propuesta por el Grupo de Investigación, pues esa norma contrariaba el principio de legalidad y el principio de intervención mínima (derecho penal como última ratio). Esta sentencia también aparece insertada en esta edición.