Una afirmación del sentido común y la cultura política de nuestro país es aquella que enarbola que Colombia es una nación de leyes, además de ostentar otro calificativo como el de ejercer la democracia más antigua de Latinoamérica o, en tiempos más recientes, es el país más feliz del mundo y que se han instalado en el imaginario social y mediático como un discurso para hablar de la colombianidad. Una mirada a la historia nacional le da cierto crédito a la imagen de un país de leyes, desde la figura de Camilo Torres y Tenorio con memorial de agravios; la llegada y traducción de los derechos del hombre y el ciudadano por Antonio Nariño, y la fuerte relación de personajes de la política con las letras, la filosofía y el derecho, pueden ser ejemplos breves del uso e impronta de la ley en la configuración de la nación colombiana.

Pero esa impronta jurídica en el mundo social que para algunos es signo de una buena sociedad, para otros deja en evidencia las complejas paradojas que el discurso legal encarna. Ello, porque la perspectiva del derecho que ha hecho carrera en nuestro país se inspira en los postulados del positivismo donde la ley se yergue como norma suprema que ha de regular o normalizar la vida en todos sus ámbitos, en tanto se requiere de un orden y de garantizar formas de sociabilidad, economía y educación que se correspondan con los intereses socio-económicos, políticos y culturales del momento. Esta inextricable simbiosis entre ley e intereses de diferente orden, además de poner en cuestión la objetividad positivista, es señal de un ejercicio de poder que se expresa en las configuraciones discursivas del derecho. La ley hace visible, nombra, regula, ordena, dictamina y sanciona, pero al hacerlo deja o saca de su espectro un conjunto de acontecimientos, sujetos y realidades que tienden a quedar en zonas invisibles o declaradas anormales, sucias, improductivas o salvajes.

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