Desde hace más de veinte años el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado ha estado en la primera plana del debate. A diferencia de otros magnicidios, el lugar que este personaje ocupaba en distintas esferas del poder lo han revestido de un halo de misterio -como bien da por llamarlo Jorge Gómez Pinilla- que no para de resonar. En 2019, año en que se celebró el primer centenar del na¬talicio de Gómez Hurtado, la Fiscalía en cabeza de Néstor Hum¬berta Martínez, contrariando la tendencia jurídica que había primado en investigaciones anteriores, declaró el crimen de lesa humanidad. Apoyada en pruebas débiles y bastante dudosas que relacionaban el caso con una serie de crímenes políticos ocurridos entre la década de los ochenta y noventa por cuenta del narcotráfico, adujo sistematicidad en el hecho. Esto marcó un nuevo rumbo en la lectura de las pruebas que desde los noventa han demostrado que existe una estrecha participación de militares y policías en esos hechos. Recientemente, el presidente Iván Duque Márquez, durante la posesión del nuevo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hizo un llamado tajante a la Fiscalía para «acabar con las décadas de impunidad» que pesan sobre el magnicidio. Dándole peso a lo que se entendió como fraternal demanda por su esclarecimiento, el presidente Duque dijo al entrante fiscal: «usted y yo pudimos ver en la universidad las metrallas asesinas que apagaron la voz vigorosa de Álvaro Gómez Hurtado. Han pasado décadas y no se ha logrado el esclarecimiento de ese crimen», para luego sentenciar, por medio de un propósito quizá menos personalista..