Penas únicas o fijas: análisis sobre su constitucionalidad

El presente documento es el producto de un trabajo de investigación que tiene como finalidad la identificación de algunos problemas punitivos del Código Penal colombiano vigente desde el año 2001. Se hace específica referencia a aquellas dificultades que se presentan cuando el juzgador, al momento de individualizar la sanción, se encuentra con una pena única restrictiva del derecho a la libertad. 

En el Código Penal del año 2000 y sus leyes complementarias, algunas figuras típicas fueron conminadas con penas únicas de prisión. Este hecho conlleva a que todas las conductas de la misma especie que se cometan independientemente de la gravedad, proporcionalidad, razonabilidad y grado de culpabilidad, sean sancionadas con idéntica pena. 

El estudio analiza si esas penas únicas o fijas son contrarias a la Constitución Política. A partir de esta idea, se formula la siguiente pregunta: ¿Se vulneran derechos fundamentales y principios cuando el legislador prevé penas únicas para los delitos de conservación o financiación de plantaciones agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; uso, construcción, comercialización y/o tenencia de semisumergibles o sumergibles agravado; tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos agravado; y, homicidio en persona protegida y contra mujer por el hecho de ser mujer? 

Los referentes que se han tenido en cuenta, son eminentemente normativos. El estudio se fundamenta en la Constitución Política de Colombia y la legislación penal, sin desconocer la jurisprudencia de las altas Cortes, y la doctrina nacional y foránea, con el fin de examinar y analizar la aplicación de las penas únicas a la luz de las violaciones que se originan a diferentes derechos fundamentales. Entre estos derechos se tendrán en cuenta la dignidad humana, el derecho de igualdad material frente a la ley penal, el principio constitucional de independencia judicial, entre otros, y los principios de proporcionalidad y razonabilidad que constituyen un límite al poder punitivo del Estado.