La Constitución de 1991, en procura de depurar las costumbres políticas y de hacer transparentes los procesos de elección de senadores y representantes, estableció un riguroso régimen de inhabilidades, de incompatibilidades y de conflicto de intereses al que deben someterse quienes aspiran a ser elegidos al Congreso, lo mismo que quienes resulten elegidos. Con miras a hacer efectivas esas condiciones y restricciones, estableció, además, una sanción de naturaleza especial para quienes las violen, denominada ‘Pérdida de investidura’, la cual impone la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. El congresista sancionado con esta medida no puede volver a aspirar al congreso en ninguna época posterior, lo que la convierte en una sanción en grado sumo severa; y, de igual manera, es despojado del mandato que el pueblo le ha otorgado mediante el sufragio.Tomando en cuenta la importancia de esta institución y sus efectos, este libro se ocupa de examinar las principales sentencias proferidas por el Consejo de Estado donde se decreta la pérdida de investidura de los congresistas, o se abstiene de hacerlo, a fin de lograr el mayor conocimiento posible de esa figura y de la manera como opera.