La investigación disciplinaria de los servidores públicos es un tema que ha recibido un tratamiento de segunda en el ámbito de la función pública, toda vez que la misma se desenvuelve bajo parámetros caracterizadamente formales, constituyéndose la prueba documental y testimonial en los medios ordinarios de obtener el conocimiento, soslayándose la investigación judicial y científica de los hechos constitutivos de la infracción disciplinaria. El reto que impone la lucha contra la corrupción y las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario convocan a los estudiosos sobre el tema, tal como lo hace el autor del libro, a explorar unos desarrollos consecuentes de la institución de la Policía Judicial Disciplinaria, cuyo sustento constitucional es indiscutible y no puede pensarse que esté condicionada en su funcionalidad a la constatación de la existencia de un delito para poder actuar, pues si así fuera, su carácter no iría más allá de ser un simple apéndice de la Policía Judicial Penal. Tanto en su función rutinaria, esto es, en la investigación disciplinaria por infracciones de tal tipo, como en los eventos de corrupción administrativa y graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, la Policía Judicial Disciplinaria puede suministrar una importante respuesta del Estado, canalizable por las vías procesales pertinentes y conducentes, puesto que la actividad de la Procuraduría General de la Nación se enmarca y encauza por la defensa del patrimonio público, de la moralidad administrativa, del orden público internacional de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho. De allí que, ante tan sugerentes como novedosos planteamientos, la lectura de este libro no sólo tiene una connotación académica en el marco del pleno desarrollo de una "dogmática del derecho disciplinario", sino un significativo valor institucional.