La consolidación en el derecho colombiano de un sistema legal prolífico en caminos procesales, para adelantar las reclamaciones ante y contra el Estado, por los reales o eventuales perjuicios que en ejercicio de la función administrativa en particular, o de las funciones estatales en general, genere en detrimento de los derechos individuales o colectivos, ha venido ocasionando un efecto adverso en la real posibilidad de controlar dicha actividad, por cuanto precisamente debido a esa variedad de instrumentos procesales, se ha complicado de manera innecesaria el esquema procesal, lo que en la práctica se ha traducido en una seria limitación al acceso a la tutela judicial efectiva y de paso, en una afectación a la prevalencia de los derechos sustanciales.Por ello, se hace menester simplificar los instrumentos procesales para lograr la consecución de los cometidos estatales, especialmente los relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional, por cuánto debido a la complejidad del sistema procesal, son muchos los eventos en los cuales se sacrifican los derechos de las partes por la escogencia indebida de la acción, razón suficiente para comenzar a considerar la pertinencia del establecimiento de un régimen unitario de mecanismos de control judicial a la administración pública.Por ello, se hace menester simplificar los instrumentos procesales para lograr la consecución de los cometidos estatales, especialmente los relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional, por cuánto debido a la complejidad del sistema procesal, son muchos los eventos en los cuales se sacrifican los derechos de las partes por la escogencia indebida de la acción, razón suficiente para comenzar a considerar la pertinencia del establecimiento de un régimen unitario de mecanismos de control judicial a la administración pública.