De manera sorprendente, los gobiernos tienen escaso margen de maniobra para definir sus gastos. Grupos políticos y sociales plasman sus aspiraciones en normas legales o constitucionales, a tal punto que reemplazan el análisis sobrio e informado sobre los ingresos disponibles, los gastos prioritarios y la sostenibilidad de la deuda pública.Los cuerpos constitucionales y legislativos introducen constantemente leyes y reformas que definen la manera ...