En la actualidad, existen numerosas entidades que se encuentran exceptuadas del ámbito de aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Tal política de regulación de los negocios públicos —aunque puede mostrarse plausible en orden a la flexibilidad y celeridad en la gestión contractual— genera serias dificultades, pues sopesa, por un lado, el carácter público de la entidad contratante y, por otro, el régimen privad...