Una adecuada aplicación de la legislación contractual permite incrementar la eficiencia del gasto público para garantizar los mejores resultados posibles de la contratación en términos de relación calidad/precio. Unos procedimientos racionales y eficientes benefician a todos los operadores económicos y facilitan la participación de las pequeñas y medianas empresas en las licitaciones. La contratación pública constituye uno de los ámbitos en los que el desarrollo del derecho global ha llegado más lejos. La tendencia hacia la elaboración de un derecho común que discipline las fases de preparación y adjudicación de los contratos públicos, se aprecia hoy claramente en el derecho de la unión europea y en importantes disposiciones internacionales cuyo principal objetivo consiste en :asegurar el respeto de los principios de objetividad, transparencia y no discriminación en la contratación pública. En este sentido, hay que destacar las normas de este tenor aprobadas en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo Mundial sobre Contratación Pública) y de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDM).